sexta-feira, 21 de outubro de 2016



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Jueves, 20 Octubre 2016 - 5:58pm
Política

Anulación del 1% conlleva a la suspensión del 20%

Tribunales Penales del Estado Bolívar anularon la recolección del 1% de firmas que presentó la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como parte de la solicitud de activación al referendo revocatorio contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Lo mismo ocurrió en los estados Aragua y Carabobo.
A través de sus cuentas personales en Twitter, los gobernadores de estas entidades, Tareck El Aissami (Aragua), Francisco Rangel Gómez (Bolívar) y Francisco Ameliach (Carabobo) se encargaron de confirmar la decisión.
En el caso del Primer mandatario del estado Bolívar, escribió: “Tal y como lo veníamos diciendo, un Referéndum Revocatorio plagado de fraudes debía ser anulado. Hoy se hace justicia. Se introdujo un recurso legal para invalidar la mega estafa montada por la ‘MUD’, logrando en Bolívar la suspensión del proceso. No habrá referéndum y apegados a la Constitución, no permitiremos que traten de engañar nuevamente a nuestro Pueblo. Desmontamos la trampa. El Revocatorio es totalmente procedente si se dignan a hacerlo cumpliendo cabalmente con los reglamentos, sin trampas, ni firmas falsas”.
En ese sentido, Nueva Prensa de Guayana consultó al abogado experto en Derecho Constitucional y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), José Vicente Haro, quien enfáticamente aclaró que los tribunales penales en las regiones, “no tienen ningún tipo de competencia para invalidar procesos de carácter electoral o administrativo electoral que fueron emitidos por el CNE”.
 Agregó que las únicas instancias judiciales competentes para pronunciarse sobre temas electorales y, en el caso puntual de las supuestas irregularidades en el proceso de recolección del 1% de manifestaciones de voluntades, son la Sala Electoral y la Sala Constitucional del TSJ.
 “Si las decisiones no han salido de esos órganos jurisdiccionales, deben considerarse nulas conforme al artículo 25 de la Constitución”, añadió.

Apegados a la norma

La normativa constitucional establece que “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los deberes garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirva de excusa órdenes superiores”.
Según Haro, en este caso aplica dicho artículo, porque estas decisiones judiciales están siendo dictadas por autoridades que actúan de manera inconstitucional y además, están violando directamente un derecho político como es el referendo revocatorio establecido en el artículo 72 de la Carta Magna.

El papel de la MUD

Sobre alguna recomendación de cómo debe actuar la Mesa de la Unidad Democrática ante tal decisión, Haro indicó que deben –en primer lugar- hacer un pronunciamiento político aclarando la forma inconstitucional como están actuando los tribunales regionales.
En segundo lugar,resaltar que el único recurso presentado ante un órgano que podría tener competencia en esta materia, fue el que introdujo el alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, alegando que se había cometido fraude en la recolección del 1%. En él, solicita una medida cautelar para suspender el proceso referendario por supuestas firmas de personas fallecidas, privadas de libertad, menores de edad, entre otros argumentos.
Es importante recordar que Rodríguez hizo esta solicitud el 26 de julio de este año ante el CNE y el TSJ, y según sus alegatos, Henrique Capriles, promotor del RR, utilizó los nombres de 10.995 venezolanos fallecidos. Dijo también que existían más de 8 mil denuncias administrativas en los tribunales del país por delitos de usurpación.
Haro hizo mención a esta solicitud durante la entrevista y explicó que este recurso también es improcedente, porque se habla de un ilícito de carácter penal por consignación de supuestas firmas falsas que no fueron tomadas en cuenta durante el cómputo del 1% hecho por el órgano rector.
“Es improcedente porque el CNE desechó esas firmas, no las tomó en cuenta, nunca las valoró ni las computó a los efectos del 1% en una mesa técnica que por cierto estaba integrada por técnicos del CNE con representación del propio Psuv y de la MUD. Ellos decidieron desechar todas esas firmas, es decir, si el órgano electoral no le dio valor alguno, mal puede ser procedente una decisión de la Sala Constitucional con una medida cautelar suspendiendo los efectos del revocatorio y peor aún, mucho menos puede un tribunal que no tiene competencia alguna en materia electoral, estar pronunciándose sobre supuestos delitos de firmas que nunca fueron tomadas en cuenta para el cómputo del 1%”, sostuvo.

Constitución: norma suprema

Para finalizar, el experto en Derecho Constitucional resaltó que es la Constitución quien establece las reglas del juego y la que impide que tribunales regionales estén tomando decisiones que no les compete, en tal sentido, ratificó que la convocatoria al referendo revocatorio se mantiene pues no ha habido acto alguno judicial que pueda considerarse válido para que se realice la recolección de voluntades.
“Nadie está obligado a hacerlo, pero todo aquel que quiera manifestar su aprobación a un referendo revocatorio debe acudir entre el 26 y 28 de octubre a los centros asignados por el órgano rector con la Constitución en la mano y decir que tiene el derecho pleno de hacerlo, porque el artículo 72 lo establece y sentencias como esas son nulas según el artículo 25. Debe haber mucha articulación entre la MUD y los ciudadanos para que decisiones como estas, no coarten el derecho de todos los venezolanos", concluyó.

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